Tribunal ordena a exdiputados del caso Asalto al MSPAS pagar reparación digna y disculpas públicas

El Tribunal de Mayor Riesgo «D» resolvió las medidas de reparación solicitadas por la PGN contra los tres exfuncionarios condenados por tráfico de influencias.

El Tribunal de Mayor Riesgo «D», presidido por el juez Fredy Aguilar, resolvió este miércoles las medidas de reparación digna dentro del caso Asalto al Ministerio de Salud, luego de que la semana condenara a tres exdiputados por el delito de tráfico de influencias.

Pago de más de Q101 mil y disculpas públicas

De acuerdo con la resolución, el tribunal ordenó al exdiputado Ronald Estuardo Arango pagar Q101 mil 142.86 a favor del Estado, como reparación por los hechos por los que fue condenado. Por su parte, los exparlamentarios Aracely Chavarría y Humberto Leonel Sosa deberán publicar una disculpa pública tanto en el Diario de Centro América como en un diario de mayor circulación nacional.

Durante la audiencia, la Procuraduría General de la Nación (PGN) argumentó que, al tratarse de daños de carácter moral, la reparación debía consistir en una disculpa pública relacionada con la contratación de personas cercanas a los tres exfuncionarios. El tribunal dio lugar a lo solicitado por la PGN.

Los condenados anuncian que agotarán todas las instancias legales

Tras conocer la resolución, Humberto Leonel Sosa aseguró que agotará todas las instancias legales disponibles para intentar revocar la condena y confirmó que no realizará ningún pago mientras el proceso continúe en etapa de impugnación, pese a que su pena es conmutable.

En la misma línea, Aracely Chavarría manifestó que recurrirá a todas las instancias posibles para demostrar su inocencia, mientras que Ronald Arango afirmó que buscará revocar la sentencia mediante los recursos legales correspondientes.

Las condenas del caso Asalto al Ministerio de Salud

Los tres exdiputados fueron sentenciados el pasado 3 de agosto por el mismo tribunal, que los declaró culpables de utilizar su investidura para gestionar plazas laborales en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) a favor de personas allegadas a ellos. Según el análisis judicial, los exparlamentarios habrían influido en al menos 11 contrataciones, algunas de las cuales correspondían a personas que ni siquiera se presentaban a laborar.

Aracely Chavarría recibió una pena de 7 años y 11 meses de prisión inconmutable por tráfico de influencias en forma continuada. Ronald Arango fue condenado a 6 años y 4 meses de prisión por el mismo delito, mientras que Humberto Leonel Sosa recibió 3 años y 9 meses de prisión conmutable, a razón de Q100 por cada día de la pena que decida no cumplir. Los tres, además, quedaron inhabilitados para ejercer cargos públicos durante el tiempo que dure su condena.

Un caso que se remonta a 2019

La investigación, a cargo en su momento de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en conjunto con la extinta CICIG, fue revelada en julio de 2019 y señaló que entre 2012 y 2014, durante el gobierno del Partido Patriota, los exdiputados ejercieron influencia sobre el entonces ministro de Salud, Jorge Villavicencio, ya fallecido, para lograr la contratación de personas allegadas dentro de esa cartera.

El proceso judicial contra este grupo de exfuncionarios continúa con líneas abiertas respecto a otros actores investigados; de hecho, un cuarto exdiputado señalado en este mismo caso, Gudy Rivera, ya había quedado libre de cargos en una resolución previa del tribunal.

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