Compra irregular del edificio del MP en zona 5: la Fiscalía ratifica solicitud de juicio

El Ministerio Público (MP) ratificó ante el Juzgado Segundo Penal la solicitud de enviar a juicio a tres extrabajadoras del ente investigador por el delito de fraude, señaladas por la supuesta adquisición anómala de un edificio ubicado en la zona 5 de la Ciudad de Guatemala. El inmueble, valorado en Q35 millones, forma parte de uno de los casos de corrupción más prolongados dentro de la institución.

Las irregularidades detectadas en la negociación

De acuerdo con las investigaciones fiscales, el evento de compra publicado en Guatecompras estuvo disponible solo 20 minutos, lo que habría beneficiado directamente al oferente Bertram Sociedad Anónima. Las pesquisas también documentaron la emisión de informes presuntamente irregulares por parte de funcionarias del MP, así como una sobrevaloración del inmueble de al menos Q3.5 millones por encima de su precio real.

Quiénes son las sindicadas en el proceso

Por este expediente judicial se encuentran ligadas a proceso:

• Miriam Salazar, exjefa administrativa del MP.
• Patricia Guzmán, exdirectora administrativa.
• Diana Benavides, exjefa del Departamento Jurídico.

La condena de Mynor Lobos y el nexo con la empresa vendedora

Mynor Lobos, representante legal de Bertram, S.A. (la firma que vendió el inmueble al MP), se acogió en enero de 2023 al procedimiento especial de la Ley de Aceptación de Cargos y aceptó los señalamientos por testaferrato. Aunque la Fiscalía solicitó 8 años de cárcel y una multa de Q50 mil, el Tribunal Séptimo Penal le impuso finalmente una condena de 3 años y 4 meses de prisión, conmutables a razón de 5 quetzales diarios, junto con una multa de Q33 mil. La compra del edificio se concretó durante la gestión de la exfiscal general Thelma Aldana, quien mantiene una orden de captura vigente por este caso.

El caso se amplía: cinco señalados y nueva audiencia clave

El proceso ha evolucionado desde entonces. Actualmente, además de Salazar, Guzmán y Benavides, el expediente incluye a Teresa Lourdes Estrada y William Balz Gallardo (este último también ligado al caso Red de Poder), lo que eleva a cinco el número de sindicados que podrían enfrentar debate oral y público. La audiencia de etapa intermedia, a cargo del juez Mario Hichos del Juzgado Segundo Penal, definirá si los implicados deben ser enviados a juicio por delitos como fraude, lavado de dinero y asociación ilícita.

La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por Ricardo Méndez Ruiz, de la Fundación Contra el Terrorismo. Aldana, aunque continúa vinculada al expediente, no ha comparecido a las audiencias más recientes debido a su condición de prófuga.