¡Hasta 30 años de cárcel! Ley de Ciberseguridad avanza en el Congreso de Guatemala

Después de un año y medio de análisis, la Ley de Ciberseguridad está lista para ser discutida y aprobada en el Congreso de la República de Guatemala, con el objetivo de fortalecer la protección digital y penalizar delitos informáticos que afectan tanto a personas como a empresas.

La iniciativa, presentada en febrero de 2024 y dictaminada favorablemente por la Comisión de Seguridad Nacional, contempla la creación de nuevos delitos y el aumento de las penas para los existentes. Entre los delitos tipificados se encuentran los ataques a la confidencialidad, integridad y disponibilidad de datos, como la sustracción de información de bancos de datos y sistemas críticos, con penas que oscilan entre 5 y 12 años de prisión.

Delitos informáticos y sanciones extremas

El dictamen también incluye los denominados delitos informáticos, que abarcan la falsificación de credenciales, apropiación de identidad ajena y fraudes en sistemas electrónicos, como la banca en línea. Para estos casos, se propone una sanción de hasta 30 años de cárcel, reflejando la gravedad de los delitos en el entorno digital.

Asimismo, la ley contempla la protección de la propiedad intelectual y los derechos de autor, imponiendo sanciones por la retransmisión ilegal de contenidos en medios digitales. Se endurecen también las penas para la difusión de pornografía infantil a través de tecnologías de información y para quienes utilicen inhibidores de señal de telefonía o internet para cometer delitos, con penas de 8 a 10 años de prisión.

Multas y responsabilidad empresarial

La normativa plantea multas para personas jurídicas responsables de ciberdelitos, que van desde Q100 mil hasta Q300 mil, aplicables a directores, gerentes, administradores y empleados. Además, en caso de reincidencia, se podrían ordenar la cancelación de la personería jurídica, inmovilización de cuentas bancarias y otros bienes.

Nuevas instituciones y fortalecimiento de la ciberdefensa

La ley propone la creación de una fiscalía especializada en ciberdelincuencia, bajo el Ministerio Público, y unidades específicas en la Policía Nacional Civil y el Organismo Judicial. También se plantea el Centro de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática de Guatemala (CSIRTGT), encargado de la gestión, coordinación y respuesta ante incidentes de ciberseguridad a nivel nacional.

El dictamen enfatiza el fortalecimiento de la ciberdefensa, liderado por el Ministerio de la Defensa Nacional, para proteger la soberanía nacional y garantizar que Guatemala cumpla con estándares internacionales en la materia.

Relevancia de la ley

Jorge Mario Villagrán, presidente de la Comisión de Seguridad Nacional, subraya que la ley permitirá contrarrestar amenazas digitales, alineando a Guatemala con las mejores prácticas regionales e internacionales. Según Villagrán, la iniciativa es resultado del aporte de expertos, tanques de pensamiento y entidades clave como el MP, PNC y Corte Suprema de Justicia.

La Ley de Ciberseguridad promete ser un hito para la protección digital del país, aumentando las penas y responsabilizando tanto a individuos como a empresas, en un contexto donde los delitos cibernéticos son cada vez más frecuentes y sofisticados.