Guatemala declara terroristas al Barrio 18 y la MS: entra en vigor la nueva Ley Antipandillas

La lucha contra las pandillas en Guatemala entra en una nueva etapa.
A partir del 11 de noviembre de 2025, entra en vigor la Ley para el Combate Frontal a las Actividades Delictivas de las Maras (Decreto 11-2025), también conocida como Ley Antipandillas, con la que el Estado declara oficialmente a las estructuras Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13) como grupos terroristas.

La normativa fue aprobada por el Congreso de la República el 21 de octubre, sancionada por el presidente Bernardo Arévalo y publicada el 10 de noviembre en el Diario de Centro América.

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Un nuevo marco legal contra el crimen organizado

Con esta ley, Guatemala redefine su política criminal frente al fenómeno de las pandillas, elevando sus delitos a la categoría de terrorismo y endureciendo las penas por extorsión, reclutamiento de menores, usura y otros crímenes asociados.

El texto legal, compuesto por 21 artículos, establece los criterios para identificar, designar y sancionar a las maras y organizaciones criminales transnacionales. También permite declarar como terroristas a nuevas estructuras, previa solicitud del Ministerio Público y resolución de la Corte Suprema de Justicia.

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Barrio 18 y MS-13, catalogadas como organizaciones terroristas

El Artículo 2 de la ley especifica que las maras o pandillas serán consideradas “grupos criminales organizados transnacionales y terroristas” cuando operen bajo jerarquía, disciplina interna, control territorial y con el propósito de infundir terror.

De forma inmediata, la normativa designa al Barrio 18 y a la Mara Salvatrucha (MS-13) bajo esta clasificación.
Toda nueva organización que sea declarada terrorista tendrá esa condición por cinco años, prorrogables por igual período.

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Penas más severas para extorsión y reclutamiento de menores

Uno de los cambios más significativos es el aumento de las penas.
El delito de “obstrucción extorsiva del tránsito” —cuando se exige dinero para permitir la libre circulación— ahora será castigado con 14 a 18 años de prisión, el doble de lo que establecía la ley anterior.

Si el autor pertenece a una pandilla declarada terrorista, la pena se incrementa en una tercera parte y el juez podrá inmovilizar o inhabilitar cuentas bancarias relacionadas con el caso.

En cuanto al reclutamiento ilícito de menores, se imponen penas de 14 a 18 años de cárcel y multas de Q100 mil a Q300 mil a quienes capten o intimiden a adolescentes para integrarlos en actividades delictivas.

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Reformas penitenciarias y control tecnológico

El marco legal incluye reformas orientadas al control interno del sistema penitenciario:

• Prohibición tecnológica (Artículo 7): se prohíbe el ingreso o uso de drones, internet o dispositivos móviles en los centros de detención.
• Base de datos penitenciaria (Artículo 55 Bis): se ordena crear un registro nacional con la información de todos los privados de libertad, especificando si pertenecen a maras u organizaciones criminales.
  El sistema deberá estar implementado en un plazo máximo de tres meses desde la entrada en vigor de la ley.

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Cambios al Código Penal

La ley también introduce nuevas figuras y endurece sanciones en el Código Penal guatemalteco:

• Coacción económica en prisión (Artículo 9): de 6 a 8 años de prisión. Si el culpable es un funcionario público, la pena aumenta en dos terceras partes e incluye inhabilitación especial.
• Usura (Artículo 12): ahora se castiga con 4 a 10 años de prisión y multas de Q200 mil a Q500 mil. Los extranjeros condenados serán expulsados del país al cumplir la pena.
• Terrorismo (Artículo 13): si un acto terrorista es cometido por una organización designada como terrorista, la pena se incrementará en una tercera parte.

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Q200 millones para fortalecer el combate antipandillas

El Ministerio de Gobernación queda autorizado para realizar compras directas de equipo táctico y tecnológico por un monto de Q200 millones, con el fin de reforzar unidades como el Centro Antipandillas Transnacional (CAT).

Las adquisiciones estarán exentas de licitación pública, aunque deberán cumplir con controles de auditoría y transparencia, entre ellos:

• Compra mediante acuerdos de gobierno a gobierno.
• Ejecución del proceso en un máximo de seis meses.
• Informes quincenales al Congreso.
• Auditorías concurrentes de la Contraloría General de Cuentas.
• Publicación obligatoria en Guatecompras dentro de los 15 días posteriores a cada negociación.

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Una política de Estado para recuperar el control

Con esta ley, el Gobierno busca reafirmar el control del territorio nacional, limitar el poder financiero y operativo de las maras y proteger a la población de los delitos de extorsión y violencia que por décadas han afectado a comercios, transportistas y comunidades enteras.

La Ley Antipandillas marca un precedente histórico en la región y coloca a Guatemala entre los países con legislación más dura contra el crimen organizado transnacional.