Detenido con seis órdenes de captura: presunto extorsionista usaba su cuenta bancaria para recibir pagos
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó este sábado 6 de septiembre la detención de Josué David García, de 23 años, quien era requerido por seis órdenes de captura vinculadas al delito de extorsión. El arresto se concretó en la 4.ª calle y 5.ª avenida de la zona 1 de San José Pinula, en operativos orientados a desarticular las redes que exigen pagos a comerciantes y transportistas.
Seis órdenes vigentes y captura en San José Pinula
Según el informe policial, García fue localizado por agentes de la Comisaría 13. Las seis órdenes a su nombre fueron emitidas por juzgados de distintas jurisdicciones —cinco en Guatemala y una en Chimaltenango— con fechas de aprensiones vinculadas a abril, febrero, julio y agosto de 2024 y 2025. La PNC destacó que la búsqueda fue intensificada con el objetivo de detener a los supuestos colaboradores de las estructuras criminales que coordinan cobros por amenaza.
Función del detenido: prestar cuentas bancarias para recibir extorsiones
La investigación del Ministerio Público apunta a que Josué García no era el cobrador de la calle, sino que desempeñaba un rol logístico clave: proveer cuentas bancarias personales que las pandillas utilizaban para recibir los depósitos exigidos a las víctimas. A cambio, el sospechoso recibía una comisión por cada transacción ilícita. Este mecanismo facilita el lavado parcial de los fondos y dificulta la trazabilidad de los dineros extorsionados.
Fuentes judiciales explican que el uso de cuentas de “prestanombres” es una práctica recurrente en las redes de extorsión: al dispersar los cobros entre múltiples personas y cuentas, los grupos criminales evitan concentrar grandes sumas en un sólo punto y procuran evadir controles bancarios y judiciales.
Impacto en el transporte y la economía local
La detención ocurre en un contexto de fuertes denuncias de empresarios del transporte. Representantes del sector afirmaron que las extorsiones a unidades de servicio público han aumentado y que el problema alcanza magnitudes económicas considerables. Carlos Vides, presidente de la Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros, advirtió que anualmente se pierden cifras millonarias —hasta US$600 millones según estimaciones sectoriales— y que unas 180 mil unidades en el país están potencialmente sujetas a cobros extorsivos, especialmente en rutas del suroeste y en la capital.
Estas cifras ponen de manifiesto la escala del fenómeno: no es solo un delito puntual, sino una carga que aumenta precios, desalienta la formalidad y erosiona la confianza empresarial.
Allanan y analizan evidencias electrónicas
Tras la detención, fiscales y agentes realizaron diligencias para asegurar indicios relacionados con la operación de cobros. Se informó del análisis de movimientos bancarios, registros de transferencias y de posibles comunicaciones entre cuentas. Las evidencias serán cruciales para determinar la cadena de beneficiarios y conectar al detenido con las estructuras que ordenan las extorsiones.
Lo que viene: procesos y posibles imputaciones
García fue consignado a los tribunales correspondientes para que los juzgados determinen su situación legal. De probarse su vinculación con las extorsiones, podría enfrentar procesos por extorsión en forma continuada, lavado de dinero y otros delitos conexos. Las investigaciones seguirán para identificar a los cabecillas y a otros operadores financieros que facilitan las operaciones criminales.
La captura refuerza la estrategia de la PNC y el Ministerio Público de desarticular no sólo a quienes exigen el dinero, sino a la red operativa que permite el flujo de esos fondos. Sin embargo, autoridades y empresarios coinciden en que se requieren medidas integrales —combinar investigación financiera, protección a víctimas y programas de apoyo a transportistas— para reducir el fenómeno de raíz.
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