Corte de Constitucionalidad suspende reglamento de clasificación de basura en Guatemala

La Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió el Reglamento de Gestión Integral de los Residuos y Desechos Sólidos Comunes, normativa que obligaba a los guatemaltecos a clasificar la basura a partir de 2025. La decisión frena la entrada en vigor de un sistema diseñado para mejorar la gestión de residuos y reducir el impacto ambiental en todo el país.

Acción de inconstitucionalidad y fundamentos legales

La suspensión se produjo tras una acción de inconstitucionalidad presentada por Ronald Portillo, diputado de la bancada Vamos y exviceministro durante la administración de Alejandro Giammattei. Según la demanda, el reglamento vulneraría competencias municipales y derechos de los ciudadanos, señalando irregularidades en la forma en que fue emitido.

El Acuerdo Gubernativo 164-2021, aprobado en 2021 bajo la gestión de Giammattei, establecía que para 2025 los guatemaltecos deberían separar sus desechos en categorías específicas como orgánicos, reciclables y no reciclables. La medida buscaba fomentar la cultura ambiental y facilitar el reciclaje y tratamiento adecuado de los residuos sólidos.

Objetivos del reglamento suspendido

El reglamento tenía como propósito mejorar la gestión integral de residuos sólidos en Guatemala, un país con altos niveles de contaminación y acumulación de basura en zonas urbanas y rurales. Entre sus metas se incluía:

• Reducir la contaminación en vertederos y ríos.
• Promover la reciclabilidad de materiales sólidos.
• Implementar protocolos de manejo de residuos en hogares, empresas e instituciones públicas.

Además, se contemplaban sanciones económicas y legales para quienes incumplieran con la clasificación obligatoria, garantizando así el cumplimiento efectivo de la normativa ambiental.

Reacciones y perspectivas futuras

La suspensión del reglamento ha generado opiniones divididas. Ambientalistas advierten que frenar la clasificación de residuos compromete los avances hacia una gestión sostenible y un país más limpio. Por su parte, legisladores y autoridades municipales buscan definir si se presentará una nueva propuesta legal que sustituya la normativa suspendida o si quedará anulada de manera definitiva.

La resolución de la CC deja un vacío normativo que podría afectar directamente los programas de reciclaje y manejo de desechos sólidos en distintas municipalidades del país. Asimismo, genera incertidumbre entre la población sobre las obligaciones legales para separar la basura y sobre las medidas que se tomarán para garantizar la sostenibilidad ambiental en los próximos años.

Conclusión

La suspensión del reglamento de residuos sólidos por parte de la Corte de Constitucionalidad representa un retroceso temporal en los esfuerzos de Guatemala por fortalecer la gestión ambiental. Mientras se analiza la viabilidad de una nueva normativa, expertos y ciudadanos advierten que la falta de regulación efectiva podría afectar la reducción de desechos, el reciclaje y el cuidado del medio ambiente en el territorio nacional.